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lunes, 26 de marzo de 2012

ADHESIÓN APOYO DEFENSA LONKO ANICETO NORÍN Y PATRICIA TRONCOSO (LA CHEPA) ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Hermanos y hermanas, agradecemos desde ya su adhesión a nuestra solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que esta acción sea por el bien de todos nuestros pueblos.
Saludos, 
Patricia Troncoso (La Chepa) y Aniceto Norín


Campaña de apoyo urgente, SE PIDE MÁXIMA DIFUSIÓN.

Adhesion Apoyo Defensa Lonko Aniceto Norin y Patricia Troncoso (La Chepa) 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Presionar link para adhesiones:

ACLARACIÓN SOLICITADA: Esta es una carta de apoyo de indígenas preocupados por el tratamiento que han recibido en particular el Lonko Aniceto Norín y La Chepa. Es una carta que se dirige a la Corte Interamericana, y sus órganos de protección, así como políticos (entre ellos la OEA, Organización de Estados Americanos). NO TIENE  NADA QUE VER CON EL ESTADO, NI EL GOBIERNO. PERO ES PÚBLICA. A todos los hermanos no indígenas, les pedimos paciencia, apoyo y estudio, porque necesitamos sus opiniones, que tomen nota de esta situación, y puedan denunciar individual o colectivamente esta aberración jurídica. Para mayor antecedentes contactar con las víctimas o su representación jurídica. 


Contacto 
Equipo de apoyo víctimas: defensaindigenainternacional@gmail.com
Lonko Aniceto Norín: aniiceto_norin@hotmail.com 
Patricia Troncoso (La Chepa): folilcoyam@gmail.com 



Se le pide a la Corte que revea esta decisión tomada el 20 de febrero. Denegando a la Dra Ylenia Hartog su participación como "tercera interviniente". Tal actitud de la Corte vulnera las garantías procesales de las “víctimas”, al negarles designar a sus defensores de confianza.
Notificación de la Corte, del 20 febrero 2012, dirigida a la abogada Ylenia Hartog *:

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  Indígenas, comunidades y pueblos, a marzo del 2012

Excelentísima  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

LOS ABAJO FIRMANTES  venimos a manifestar nuestra  inconformidad a la resolución de fecha 20 de febrero del 2012, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no acoge la solicitud del Lonko Aniceto Norín Catrimán y de Patricia Troncoso Robles (“La Chepa”), negándoles su derecho a tener una defensa de su plena confianza, no permitiéndoles designar un nuevo interviniente común en el proceso que ellos siguen contra el Estado de Chile.

El Lonko Aniceto, autoridad ancestral mapuche, y Patricia Troncoso (“La Chepa”) son dos hermanos indígenas mapuches defensores de derechos humanos, que han sido perseguidos por el Estado de Chile, por defender la tierra y el territorio ancestral mapuche, junto a cientos de sus hermanos mapuches que han sido encarcelados, reprimidos y asesinados, por exigir que el Estado de Chile restituya las tierras que usurpó.

El Estado de Chile, ha perseguido sistemáticamente a todos aquellos hermanos que en el contexto de la reivindicación y protesta social contra esta situación de despojo, aplicando contra ellos la Ley 18.314 (Ley antiterrorista), legislación penal especial heredada de la dictadura militar, (así como la utilización de la jurisdicción militar), que ha sido sistemáticamente usada principalmente contra autoridades ancestrales y dirigentes sociales mapuche, como es el caso del Lonko Norín y La Chepa. La aplicación de esta ley ha significado una grave vulneración al debido proceso y la prisión política durante años, de Patricia Troncoso y el Lonko Norín. 

La Corte con su decisión del 20 de febrero, prolonga la vulneración a las garantías procesales contra las “victimas” de este proceso, al impedirles tener una defensa de su absoluta confianza que vele por sus intereses y los represente plenamente. Con su decisión, la Corte obliga a las víctimas a mantener su representación en instituciones que a lo largo de la tramitación de esta causa, no han mantenido una adecuada comunicación con el Lonko Norín y Patricia Troncoso, quienes han carecido de información sobre los avances del proceso y escasa injerencia en las estrategias jurídicas que se han adoptado. Esta situación, sabemos, fue señala  expresamente por las víctimas a la Corte, a través de las solicitudes enviadas, pidiendo la designación de un tercer interviniente. 

Consideramos que es imperativo que la Corte Interamericana respete el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a tener una defensa de su absoluta confianza en la parte final de este proceso internacional que se sigue contra el Estado de Chile.

Entendemos, que el artículo 25 del reglamento de la Corte señala que las víctimas deberán designar de común acuerdo un interviniente ante la Corte. A falta de acuerdo entre ellas, la Corte o su Presidencia podrán, de considerarlo pertinente, otorgar plazo a las partes para la designación de un máximo de tres representantes que actúen como intervinientes comunes. El mismo artículo señala que será la Presidencia, quien además podrá resolver todo lo conducente ante cualquier desacuerdo de las víctimas respecto de sus intervinientes comunes. Sostenemos, que existe la posibilidad de designar hasta tres intervinientes, y que sería un mal precedente para este tribunal no reconocerlo o negarlo, puesto que en el actual proceso sólo han sido designado dos, pudiendo perfectamente designarse un tercero. Si bien la Corte dio un plazo para su designación, la norma citada no cierra la posibilidad para que se de una nueva oportunidad para designar un interviniente adicional, hasta completar el máximo reglamentario. Es cierto que la norma guarda silencio ante situaciones de pérdida de confianza con los intervinientes comunes y la posibilidad de que las víctimas cambien de representantes, pero esta omisión no debe ser interpretada como una prohibición de acoger la solicitud en cuestión, ni menos debiera negar la adecuada representación en respeto a las garantías procesales que la Convención Americana reconoce a toda persona, las que incluyen el derecho a elegir a su defensor (articulo 8 letra d).

Compartimos la opinión de la Comisión Interamericana, que el 17 de febrero comunicó que deseaba “plantear la importancia de tomar en cuenta la naturaleza, objeto y fin del proceso internacional ante los órganos del sistema interamericano, en cuyo marco las necesidades de las víctimas deben ser especialmente consideradas. Asimismo, la Comisión desea plantear la importancia de contar con cierto margen de flexibilidad al momento de evaluar solicitudes como las efectuadas por algunas de las victimas en el caso”. Esta misión, es en la que creemos y deseamos seguir creyendo, la que adaptada a la realidad de los casos que nos afectan como pueblos indígenas, debe tener al menos por misión reparar las violaciones a los derechos humanos cometidos por los diversos Estados americanos, que históricamente hemos sido impedidos de ejercer nuestros derechos fundamentales. 
Por tanto, consideramos que es una decisión equivocada de la Corte no permitir la incorporación de un tercer interviniente que sea de plena confianza del Lonko Aniceto Norín y de Patricia Troncoso Robles (La Chepa). Su denegación es una decisión que rechazamos por carecer de fundamentos legales y por ser una nueva vulneración a las garantías procesales de las que durante décadas vienen siendo víctimas el Lonko Aniceto y la Chepa, lo que sentaría un precedente inaceptable en el sistema interamericano de derechos humanos.

Por tanto llamamos urgentemente a la Corte a reconsiderar su decisión y permitir que los hermanos mapuche victimas del Estado de Chile tengan una defensa de su plena confianza. Y que en lo subsecuente a los pueblos indígenas de América se nos respete el derecho de designar a nuestros asesores de nuestra confianza.

Atte.



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Patricia Roxana Troncoso Robles, conocida también como La Chepa
nació en Santiago de chile el 14 de julio de 1969. Estudió Teología en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Valparaíso. Hasta su detención en 2002, vivió en Chillán, fue condenada por el Tribunal Oral de Angol a 10 años de prisión, por delito de incendio terrorista en contra del predio Poluco-Pidenco, de Forestal Mininco. 
 (foto archivo web)
Manifestación en apoyo a Patricia Troncoso en Huelga de Hambre
y en contra del asesinato de Matías Catrileo por carabineros de chile, 
- Plaza de Armas - Santiago de Chile - año 2008-


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* Dra. Ylenia Hartog Abogada en Asesoría Jurídica Especializada
Abogada del Colegio de Abogados de Madrid, Licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, ejerciendo en Chile desde 2007. Máster en Derecho Internacional, del EMA (European Masters Degree in Human Rights and Democratisation), con tesis de postítulo en la Universidad de Maastricht, Holanda. Postítulo en “Derechos Humanos y Mujeres del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue abogada de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Quilicura, en donde elaboró propuestas de planificación de políticas hacia la población comunal indígena, inmigrante y refugiados. Actualmente es abogada libre ejercicio en Chile desde el 2007. Representa y asesora internacionalmente a los Lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, por aplicación de legislación anti-terrorista a mapuches en el marco de sus reivindicaciones por derechos de tierras y territorio en Chile, y recientemente a los familiares de los presos mapuches en huelga de hambre. Fue coordinadora del área jurídica del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (2006-2007). Ha participado en varios estudios sobre políticas públicas y derechos indígenas, para organismos de la sociedad civil así como agencias estatales, internacionales y extranjeras.  También ha iniciado un proceso de asesoría en materia de derechos humanos y sistema de protección internacional a la organización indígena Consejo Territorial Mallolafken, en Villarrica, Chile y ha participado en la compilación de las observaciones finales de diversos órganos de tratado de las Naciones Unidas sobre países de América Latina y el Caribe, trabajo en el que colaboró durante su estadía profesional en la Representación Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2005.(Datos ofrecidos por el Centro de Derechos Humanos)

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sábado, 24 de marzo de 2012

GULUMAPU: Juicio contra Integrantes de Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui






José Queipul Huaiquil,
Víctor Queipul Millanao,
Camilo Tori Quiñinao,
Felipe Huenchullán Cayul,
Juan Huenchullán Cayul,
José Millanao Millape,
Juan Patricio Queipul Millanao,
Jorge Marimán Loncomilla,
Ernesto Cayupán Meliñán,
Luis Marileo Cariqueo.




27 de Marzo de 2012
Cómo la Ley Antiterrorista permite perseguir y enjuiciar a menores y adultos mapuche con nulas pruebas
Hasta el próximo lunes 2 de abril se postergó la preparación de juicio oral contra 10 comuneros de la zona de Ercilla, acusados de incendio y asalto en la ruta 5 Sur. 2 de los acusados son jóvenes que eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos que la Fiscalía les imputa, bajo Ley Antiterrorista



La defensa realizada por los abogados Pablo Ortega y Lorenzo Morales ha solicitado desde el primer momento de la audiencia que no se impute a los menores de edad acusados por el Ministerio Público, obteniendo cómo respuesta la separación de causas, una para procesar a los menores de edad y otra para los adultos.

Los hechos de los que se les acusa, se habrían desarrollado el 9 de octubre de 2009, cuando los adolescentes ahora juzgados, eran menores de edad. Los abogados han tomado en consideración los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Responsabilidad Adolescente del Estado chileno, por lo que no se debería aplicar la Ley Antiterrorista contra ellos.

Para ambos menores, la imputación del Ministerio Público ha significado casi tres años de vivir la persecución política en todo ámbito, teniendo incluso que asumir por algunas temporadas la clandestinidad, ya que de lo contrario, significaba estar tras las rejas pese a su corta edad y sin pruebas que los culpen. Todo por ser mapuche y familiares de dirigentes y comuneros detenidos.

Sumado a ello, se cooptó el derecho de libre tránsito, el derecho a estudiar, teniendo que abandonar la escuela por temor a ser encerrados y asumiendo la pesada decisión de ser prófugos de la justicia chilena, durmiendo a la intemperie, sin alimento y expuestos a una serie de factores que perjudican su crecimiento físico y psicológico, pero no así su dignidad.

Por otro lado, se vieron obligados a vivir la represión en todo su contexto, ya que durante allanamientos y controles policiales en nuestro militarizado territorio, debieron hacer frente a las balas impunes de las policías, quedando al descubierto el abuso y las pocas garantías de tener un trato justo si se presentaban ante los tribunales, sabiendo además que el asedio policial afectaba directamente a sus hogares y familiares, lo que provocó una fuerte sobrecarga afectiva de impotencia y dolor.

Uno de ellos ha vivido desde muy pequeño la represión. Ha sido detenido y baleado a los 10 años, ha sido interrogado y torturado arriba de un vehículo policial a los 11 y a los 12, fue secuestrado y abandonado a su suerte a varios kilómetros de su casa, sin que las jefaturas policiales se hicieran cargo de estos ilícitos, quedando estas agresiones en absoluta impunidad.

Su tío es constantemente citado a tribunales y su padre a estado además en la prisión política, por lo que desde el seno familiar, la represión ha causado desde su infancia una enorme presión sobre él.

Hasta el momento, el tribunal está considerando no aplicar la Ley Antiterrorista en este caso a los menores. Pero el temor está en que se les someta a doble procesamiento, y se intente realizar un nuevo juicio, articulando las mismas pruebas presentadas en este caso a ambos en un nuevo proceso judicial.

Hay que indicar que de utilizar las mismas pruebas, se estaría engañando a la justicia y a la opinión pública, puesto que dichas supuestas pruebas fueron maliciosamente obtenidas utilizando las abusivas facultades que otorga la Ley Antiterrorista a los fiscales y policías. Es decir, de igual forma estarían utilizando esta ley para condenar a los menores, una herramienta legal heredada de la dictadura de Pinochet y que está al servicio de los intereses del empresariado y latifundistas, que lo único que pretende es criminalizar y detener la protesta social en Chile y el territorio mapuche.

Hay que precisar además, que la única prueba que sostiene este montaje, es la declaración de un testigo protegido, quien se dice que habría participado de los hechos y habría delatado a los demás participantes, acogiéndose a la delación compensada, artimaña que permite la Ley Antiterrorista.

Osea, una persona ya condenada por “confesar” participación en los mismos hechos, que está en libertad, recibe un sueldo por su “colaboración” y que nadie conoce nada sobre sus antecedentes y los de su condena, está siendo usada para enjuiciar a 10 comuneros, sólo por la validez que da la ley Antiterrorista para este tipo de sucias maniobras.

La Comunidad Autónoma Temucuicui señala que seguirá informando su pensamiento ante los hechos en los próximos días y en la medida de los acontecimientos de este importante juicio que marcará precedentes para el Pueblo Mapuche, sus comunidades y organizaciones.



Wallmapuche Temucuicui
Marzo 27 de 2012.


Fuente: Comunicaciones Temucuicui y País Mapuche

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Viernes 23 de Marzo de 2012
Comunicado Publico

La Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, ante el inicio de la Preparación de Juicio Oral por LEY ANTITERRORISTA en contra de nuestros hermanos, señalamos ante el mundo Mapuche, la opinión Pública Local, e Internacional lo siguiente:

1.- Para el día lunes 26 de Marzo de 2012, a las 10 de la mañana, en el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Victoria está fijado el inicio de la Preparación de Juicio Oral, en contra de 7 de nuestros integrantes, quienes se encuentran imputados por los delitos de robo con intimidación de carácter Terrorista, incendio Terrorista, daños, asociación ilícita terrorista, entre otros, hechos supuestamente ocurridos el 10 de octubre de 2009 en el sector de Quino, comuna de Victoria. Los peñi involucrados son: José Queipul Huaiquil, Víctor Queipul Millanao, Camilo Tori Quiñinao, Felipe Huenchullán Cayul, Juan Huenchullán Cayul, José Millanao Millape, Juan Patricio Queipul Millanao. Además se encuentran acusados también Jorge Marimán Loncomilla, Ernesto Cayupán Meliñán y Luis Marileo Cariqueo, éstos últimos pertenecientes a otras Comunidades Mapuche de Malleco.

2.- La principal prueba que el Ministerio Público tiene en contra de nuestros hermanos es la declaración de un testigo protegido (Raúl Arturo Castro Antipán) quien supuestamente habría participado junto a todos los acusados en los hechos ocurridos el 10 de octubre de 2009. Cabe señalar que Castro Antipán es testigo protegido también en otras causas en donde están imputadas personas mapuche y miembros de otras organizaciones mapuche, el cuál recibe un sueldo mensual de $300.000 aproximadamente (argumento que no ha sido desmentido por la Fiscalía), que a la fecha suma una veintena de causas por diferentes delitos, algunos incluso de este año y que en la mayoría de los casos Castro Antipán ha sido absuelto, se le ha otorgado suspensión condicional o el fiscal ha aplicado el principio de oportunidad para no condenarlo. Además, este sujeto ya se encuentra condenado por los delitos que se imputan a nuestros hermanos, pero se le aplicaron las normas de la Ley Antiterrorista referentes a la Delación Compensada, lo que le permite cumplir su condena en libertad. A nuestro juicio, esta condena sólo responde a una “estrategia” del Ministerio Público para dar mayor credibilidad a su testigo y que era necesaria para mantener la acusación en contra de nuestros hermanos, ya que constituye su testimonio cómo la principal prueba.

3.- Durante todo el tiempo que ha durado la investigación se han producido una serie de situaciones que han afectado a la comunidad, como por ejemplo, interrogatorios de niños en la escuelas de Temucuicui y en el camino a sus casas, detenciones de estudiantes de enseñanza media que son familiares de dirigentes de la comunidad y su posterior procesamiento por delitos en los que finalmente han sido absueltos, torturas en contra de algunos de los imputados en donde ha estado presente un fiscal del Ministerio Público – Miguel Ángel Velásquez Droguett –, así como allanamientos y hostigamiento a familiares de los acusados y dirigentes.

4.- Para el Pueblo Nación Mapuche y especialmente para nuestra comunidad se constituye cómo una extensión de la discriminación y racismo del estado chileno el que a través de su aparataje jurídico-represivo encabezado por la fiscalía antimapuche, procese y lleve a juicio por ley antiterrorista a dos menores de edad, puesto que es claramente un abuso y vulneración de múltiples Derechos, entre ellos los del niño, y es un intento de frenar abruptamente por medio del miedo que los niños tengan conciencia de esta lucha que heredarán hasta que recuperemos nuestros derechos políticos y territoriales. Además, marca de por vida con su imputación a los dos menores quienes arriesgan muchos años de prisión política.

5.- Por otra parte, el que se siga utilizando esta ley heredada de la dictadura de Pinochet, no hace nada más que reafirmar una vez más cómo la paranoia del gobierno de derecha y sus intentos de criminalizar la protesta social caen en la más absoluta inoperancia, ya que sólo utiliza la represión en toda su expresión (jurídica, comunicacional y policial) para mantener la política del oído sordo y sus monólogos. Hoy podemos ver a través de la prensa cómo actúa el estado chileno, reprimiendo en Aysén y en los distintos lugares donde se levantan las demandas sociales. La misma policía que mantiene militarizado nuestro territorio, es la que aplica su experiencia en reprimirnos para agredir a los distintos luchadores sociales del territorio de Chile. No es por nada que los que dirigen las policías en la novena región siempre asumen el liderazgo de sus ramas y sus armas a nivel nacional.

Extendemos el llamado a las redes de solidaridad con la causa Mapuche, a estar atentos ante el inicio de este emblemático caso judicial, en el que demostraremos nuestra inocencia y trataremos de revestir las maniobras y estrategias del estado de querer decir que esta lucha es ilegítima y terrorista.




FONO CONTACTO: 
Werken Jorge Huenchullan 8 310 12 23 
Lonko Víctor Queipul 8 348 5664
Wallmapuche Temucuicui
Marzo 23 de 2012
Comunidad Autónoma Temucuicui






werken.cl

miércoles, 7 de marzo de 2012

TERRORISMO DE ESTADO CONTRA LOS MAPUCHE

Política genocida en La Araucanía
Terrorismo de Estado azota al pueblo mapuche

Continúa escalando la represión policial contra el pueblo mapuche. Esta vez -¡otra vez!- mediante la amenaza de utilizar la Ley Antiterrorista, cuyos mecanismos de control y amedrentamiento de la población se están aplicando en La Araucanía. El gobierno de la derecha -tal como antes hicieron los gobiernos de la Concertación y, sobre todo, la dictadura militar-, emplea recursos y métodos propios del terrorismo de Estado para encarar un problema sociocultural e histórico que persiste y que se agrava sin solución.

Cuando terminó la dictadura militar, que no sólo aterrorizó al país sino que también entronizó el crimen y la tortura en la región mapuche para imponer el despojo de tierras indígenas en beneficio de las empresas forestales, el pueblo mapuche creyó llegada la hora de la justicia. Pero no fue así. La represión de los gobiernos de la Concertación causó diez muertos mapuches, entre comuneros y estudiantes. El gobierno de la derecha todavía no ha llegado a ese extremo, pero su tendencia apunta en la misma dirección. En efecto, ha recrudecido la ocupación militar de La Araucanía, a través de fuerzas especiales de Carabineros y la actuación permanente de los órganos de inteligencia policiales y del ejército. A esas fuerzas en presencia, que actúan como si el pueblo mapuche fuese un territorio ocupado, hay que sumar los guardias armados de las forestales y las guardias blancas de los latifundistas. Todos actúan en forma provocadora y prepotente, amedrentando niños, mujeres y ancianos mediante violentos allanamientos de viviendas, control de movimientos y actos de humillación a que son sometidos los indígenas.La situación ha empeorado a partir de los incendios forestales atribuidos, sin ninguna prueba, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la resistencia mapuche. La irresponsable actitud del ministro Rodrigo Hinzpeter -cuyas irreflexivas declaraciones en materias de seguridad y orden público se han hecho habituales-, se ha visto avalada por el presidente de la República. Ambos afirman contar con pruebas de la intencionalidad de los incendios en Carahue y Quillón (estos últimos fuera del territorio mapuche), y en forma sibilina apuntan a la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM), la organización más combativa del pueblo mapuche. Los cuatro principales dirigentes de la CAM, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, se encuentran presos en la cárcel de Angol, condenados a 14 años el primero y a 8 años los restantes, en juicios viciados -según prestigiosos juristas- que están siendo apelados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CAM, desde luego, ha negado toda participación en los incendios, reafirmando una estrategia de lucha que no contempla ese tipo de acciones.

Frente a la odiosa reacción del gobierno, criminalizando sin pruebas al pueblo mapuche, destaca la prudencia y sensatez del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, al ignorar las exigencias del gobierno de designar fiscales especiales para investigar los incendios, señalando que los funcionarios existentes en la zona son perfectamente capaces de dirigir la investigación. Ha aconsejado -con razón- que no se debe lanzar acusaciones y adelantar juicios carentes de evidencias, como ha hecho el gobierno. 

La orientación represiva y racista del gobierno ha conseguido en cambio ocultar la grave responsabilidad que cabe a la Forestal Mininco (del holding que preside Eliodoro Matte) en la tragedia de Carahue con la horrible muerte de siete rescatistas, modestos trabajadores de salarios ínfimos que murieron achicharrados luchando contra las llamas, sin equipamiento adecuado ni el entrenamiento necesario para combatir incendios forestales.

La peligrosa situación que se vive en La Araucanía por la ocupación militar, y la forma amenazante en que el gobierno esgrime la Ley Antiterrorista contra los mapuches y sus organizaciones, claman por la solidaridad más activa en favor de ese pueblo, castigado durante siglos por la indiferencia de los gobiernos y el comportamiento rapaz de las empresas forestales. El pueblo mapuche necesita ser respetado en su identidad propia. Sus derechos deben ser reconocidos dentro de la pluralidad étnica y cultural que convive en el Estado de Chile. Arrimar la llama de la Ley Antiterrorista -normativa de excepción heredada de la dictadura militar- a un conflicto que dice relación con el reconocimiento de un pueblo originario, puede agudizar los factores de ingobernabilidad que la protesta social encabezada por los estudiantes ha puesto en evidencia. 

Hoy como ayer, y como siempre, el hermano pueblo mapuche puede contar con nuestra modesta y leal solidaridad.
Fuente: Revista “Punto Final”, edición Nº 751, 20 de enero, 2012

jueves, 23 de febrero de 2012

Por qué esta persistente política represiva hacia los mapuches?

30 de enero 2012 
Violencia persistente contra las movilizaciones mapuches. ¿Quiénes la desatan?
Por Arauco Chihuailaf

El año 2011 concluyó sin que la criminalización de las demandas mapuches conociera tregua: allanamientos, detenciones, dirigentes encarcelados. Organismos de derechos humanos, intelectuales, sectores de la sociedad civil, e incluso parlamentarios europeos (septiembre 2010), han solicitado reiterada e infructuosamente, a los gobiernos sucesivos, el cese de la violencia policial.

Esa persistente política represiva no tiene casi parangón en cuanto a su amplitud y duración. Conoció niveles extremos con la dictadura militar (1973–1989) que golpeó también a los mapuches. La violencia represiva no discriminó entre militantes y los que no lo eran. Luego, la violencia pos dictatorial criminaliza la reivindicación de tierras ancestrales. Estas prácticas del poder político contradicen el funcionamiento democrático de una sociedad.

A simple vista la situación actual parece incomprensible: parcialidad de la justicia, aplicación insistente de la Ley Antiterrorista (herencia de la dictadura), un general de Carabineros de la Región de la Frontera, como algunos fiscales, acentúan la represión seguramente empujados por el menosprecio del mapuche y por la soberbia derivada de privilegios del poder. Pero esta realidad no resulta sorprendente si la consideramos retrospectivamente. En los tres primeros decenios del siglo veinte, por ejemplo, hubo una violencia exacerbada: casas incendiadas, asesinatos, usurpaciones de tierras. Por entonces, los tribunales de justicia no se caracterizaron por su diligencia, los sectores dirigentes y la prensa oficial no se inquietaron por transgresiones al Estado de derecho, tampoco se calificó de violentistas o se acusó de “ataques incendiarios” a los responsables de esa violencia; no se incurrió en estigmatizaciones como se hace con los mapuches, desde fines del siglo recién pasado, acusándoseles de crear un “clima de inseguridad”. Es esa violencia histórica la que se ha reeditado bajo nuevos ropajes desde el último tercio del siglo XX.

Se podría pensar, sin embargo, que el panorama del 2011 no fue tan desalentador pues se terminó con dos hechos que no carecen de significación: por un lado, rechazo a la utilización de gases lacrimógenos en los allanamientos de hogares mapuches y, por otro, la entrega de tierras en Traiguén, ante la presencia de un ministro de gobierno. En el primer caso se trata de una decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió un recurso de protección interpuesto por la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla. Pero según el subsecretario del Ministerio del Interior, Carabineros apelaría a la decisión del tribunal de Temuco (La Tercera, 23.12.11). Ese positivo fallo de la Corte de Apelaciones no refleja las decisiones de justicia a nivel más amplio: dirigentes que siguen encarcelados, “prisión preventiva” para mapuches acusados de participar en “intentos incendiarios”, el uso de gases lacrimógenos que continúa como lo muestran los hechos recientes. ¿Y qué se hizo con el responsable de la muerte de Matías Catrileo (enero 2008)? Se le dejó en “libertad vigilada”. La familia del joven asesinado, presentó demanda contra “el Estado chileno” por esa decisión de la Corte Suprema. Mientras tanto, el aniversario de su muerte terminó, en Temuco, con la detención de su madre y de su hermana, entre otros. Y como si todo eso no bastara, el Ministerio del Interior invoca la Ley Antiterrorista contra mapuches supuestamente responsables de incendios forestales ocurridos en la primera semana de enero de este año y que costó la vida a siete personas.

En el cuadro de esa práctica política discriminatoria y violenta interviene la entrega de 2.554 hectáreas de tierra que estaban en manos de tres fundos. Tierras por las cuales los mapuches se movilizaban. La entrega es sin duda notable. Y que se le haya atribuido cierto simbolismo e incluso una cierta connotación histórica, podría ser comprensible. Pero esa relevancia se desvanece en el cuadro de una óptica histórica: se expropiaron, a favor de mapuches, poco más de 20.000 hectáreas durante el gobierno de E. Frei Montalva; 129.420 hectáreas bajo el gobierno de Salvador Allende y en el primer año de su mandato, como lo destacara Antonio Millape (entonces dirigente de la Confederación de Asociaciones Mapuches, 1971), se restituyeron 50.658 hectáreas que se habían usurpado a 125 comunidades.

Esas miles de hectáreas expropiadas fueron devueltas por la dictadura a sus precedentes detentores. Y en 1998, según el diario El Mercurio de Santiago, más de 60.000 hectáreas de tierras ancestrales reclamadas por mapuches estaban en manos de empresas forestales. Pero la historia no termina aquí. Ya sabemos que durante el régimen dictatorial se remataron, a bajo precio, tierras aptas para la explotación forestal que se adjudicaron esas empresas. Y como si fuera poco, obtuvieron bonificaciones y “exenciones de impuesto territorial” mediante decreto ley 701 sobre “Fomento forestal” (1974). Este hecho, revelaba ya la opción de sectores hegemónicos por los grupos forestales multinacionales y se instalaba una lógica discriminatoria y violenta que se prolonga hasta ahora.

Lo simbólico y lo relevante radica, sobre todo, en una suerte de ironía de la historia: quienes fueron condescendientes con la dictadura militar entregan hoy tierras que habían sido devueltas a los dueños de fundo. Esto lleva a pensar, por lo demás, en “la zanahoria y el látigo en la política contra el pueblo Mapuche” como muy pertinentemente lo señalara José Venturelli (El Clarín, 26 de diciembre 2011). Política que tiende al debilitamiento y anulación de las demandas de quienes aspiran a devenir sujetos políticos en la construcción del porvenir; política que, por otra parte, obstaculiza un desarrollo regional sustentado en el interés general y entraba la perspectiva de un proyecto colectivo.

De lo hasta aquí dicho se desprende una pregunta: ¿por qué esta persistente política represiva hacia los mapuches? Entre otras cosas, porque la represión y la estigmatización encubren la enajenación histórica de las tierras mapuches y el origen de las fortunas que se formaron en la llamada Araucanía; y, por otro lado, tiende a ocultar un proceso de reapropiación de tierras expropiadas a fines de los años 60 y comienzo de los 70. La violencia policial aparece como un recurso protector del modelo económico y a la vez como reflejo de un menosprecio social o, más claramente, de un racismo que consiste en desvalorizar al otro para luego presentarlo como una amenaza (“violentista”, “terrorista”) o como un estorbo para el desarrollo, más aún si protagonizan demandas y protestas que se inscriben en el terreno político y social. En todo caso, la sistemática represión policial restringe o anula el espacio de expresión política democrática de las organizaciones mapuches y, por otro lado, es la expresión de una política que provoca inseguridad en el país.

Contrariando los hechos, para el Estado neoliberal, cuya parcialidad está en evidencia, las movilizaciones mapuches constituyen un elemento perturbador del orden social requerido por los grandes grupos económicos que hegemonizan las acciones políticas de ese Estado. Sobre todo cuando se hizo de la exportación de la madera uno de los ejes de la economía. Se dejó, en cambio, en una inquietante inseguridad al entorno natural sin que los responsables de su deterioro sean molestados ni se insinúe para ellos la “prisión preventiva”. Inseguridad que alcanza igualmente a la mayoría de la población chilena que se confronta a una flagrante desigualdad social, a una falta de oportunidades en materia educacional como lo muestran las movilizaciones estudiantiles, a una inseguridad y precariedad en el trabajo como lo ejemplificó el caso de los 33 mineros atrapados a más de 700 metros de profundidad luego del derrumbe de la Mina San José (agosto 2010) en el norte del país.

¿Hasta cuándo la obstinada y prolongada violencia represiva desatada por las grandes grupos económicos a través del Estado? Seguir rechazándola es un desafío no sólo para las organizaciones mapuches y sus dirigentes, sino también para los sectores sociales que aspiran a una democracia que se traduzca: en mayor justicia social e igualdad de posibilidades, en un Estado que no sea el monopolio de poderosos grupos de presión, en un espacio político en donde el interés colectivo y la demanda de derechos, no sean algo inaudible para los gobernantes.

Enero 2012



Fuente: mapuche.nl

lunes, 16 de enero de 2012

GULUMAPU: Mientras el pueblo mapuche y no mapuche, piden el cese de represión en las comunidades mapuche, la "justicia" en Temuco, Chile, falla en favor de los violentos y asesinos carabineros.( Ver Video: Marcha por el rechazo a la brutalidad policial en contra del pueblo Mapuche, el 13 de enero de2012)


Viernes 20 de Abril de 2012
Justicia rechaza recurso de protección para comunidad mapuche de Ercilla.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco falló a favor de Carabineros, luego que la comunidad Cacique José Guiñón, de Ercilla, presentara un recurso de protección a raíz de un allanamiento ocurrido el pasado 8 de enero.
Por Julio Parra Bertín
La comunidad, que tiene un historial de 14 allanamientos, había recurrido de protección luego de los incidentes ocurridos la madrugada del 8 de enero, cuando un nutrido contingente de Carabineros atacó con gases lacrimógenos varias viviendas, afectando la salud e integridad de varios moradores, entre ellos Teresa Millacheo, mujer que presentaba un embarazo de ocho meses y que resultó con un cuadro de asfixia.
A pesar de los argumentos esgrimidos por la comunidad, los jueces María Elena Llanos Morales, Tatiana Román Beltramin y Fernando Cartes Sepúlveda, optaron por rechazar la acción cautelar de protección entablada por la comunidad, asegurando que “el actuar de Carabineros no fue arbitrario ni tampoco ilegal”, tal como lo aseguraba la comunidad recurrente.
En este contexto, la Corte consideró como válido el argumento esgrimido la institución policial que aseguró, según desprende el fallo, “que el día 8 de enero Carabineros procedió a repeler el ataque proveniente de un grupo de encapuchados que intentaban atacarlos a ellos y a un testigo protegido, respecto de quien existía orden de protección permanente, emanada de la Fiscalía Local de Collipulli”.
Respecto de la afirmación de la comunidad, de que el actuar de Carabineros en los hechos materia del recurso, hubieran afectado además a ancianos y niños, los jueces afirmaron en el fallo “que atendida la hora y el lugar donde ocurrieron los hechos, era imposible para ellos tomar medidas de prevención respecto de los mencionados afectados”.
El rechazo de este recurso por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, se suma a la sentencia emitido a inicios de abril por la Corte Suprema que falló en contra de la comunidad Wente Winkul Mapu, que también había recurrido de protección debido a los constantes allanamientos que ha sido víctima en el marco de reivindicaciones territoriales.
El abogado de la comunidad, Nelson Miranda Urrutia, adelantó a La oPiñon que intentarán revertir el fallo apelando a la Corte Suprema.

Fuente: La Opiñion
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13 de enero de 2012: marcha en repudio a la violencia del estado chileno y represión ejercida por las fuerzas policiales contra el pueblo mapuche en el sur del país.

(Video) Marcha por el rechazo a la brutalidad policial en contra del pueblo Mapuche 2012

"Ley Antiterrorista"
Promulgada en 1984 durante la dictadura de Augusto Pinochet, la "Ley Antiterrorista" desde el año 2002 se ha utilizado sistemáticamente por el gobierno civil y democrático de Chile como un instrumento de represión, persecución, criminalización y el asesinato de comuneros Mapuche en lucha por el derecho a permanecer en sus tierras ancestrales. Aquí estamos interesados en la denuncia de estos gobiernos fascistas y genocidas, pero también en honra a aquellos guerreros que fueron cobardemente asesinados. Ellos son:

Edmundo Alex Saavedra, asesinado a los 17 años en 12/11/2002
Juan Antonio Marihuan, 27 años en 11/12/2002
Julio Alberto Huentecura Llacaleo, 30 años en 26/09/2004
Zenón Alfonso Díaz Necul, 17 años en 10/05/2005
Juan Lorenzo Collihuin Catril, 71 anõs en 29/08/2006
Matias Valentin Catrileo Quezada, 22 años en 3/01/2008
Johny Cariqueo Yañez, 22 años en 29/03/2008
Javier Facundo Mendonza Collo, 24 años en 12/08/2009


El viernes 13 de enero a las 19:30 horas, diversas organizaciones mapuche en diferentes puntos del país llaman a la ciudadanía a marchar en repudio a la violencia del estado chileno y represión ejercida por las fuerzas policiales contra el pueblo mapuche en el sur del país.
Luego k el Gobierno acusara a las comunidades mapuche de los incendios forestales ocurridos en la región de La Araucanía -cuyo resultado fue la muerte de 7 brigadistas- los niveles de hostigamiento en Wallmapu se han agudizado. Le exigimos al gobierno de chile k cese el hostigamiento al pueblo mapuche y el fin de la militarización de las comunidades. Y les comunicamos k ningún hijo de la Tierra, dañaría a la Ñuke Mapu!!!
Los abusos en contra de familias e incluso niños, es la presión k ejerce el gobierno de chile, para despojarlos de sus territorios. El Gobierno sentencio nuevamente a los mapuche, y seguirá aplicando la Ley Antiterrorista en contra de los "supuestos culpables" de la tragedia.
En ocho regiones de chile mapuche y no mapuche, manifestaron su rechazo a la política represiva del Gobierno:
En Temuco a las 19:30 horas, el punto de encuentro fue en la Estatua de Caupolicán (Kallfulikan).
En Santiago, a las 20 horas, en Alameda con Ahumada.
En Concepción en Plaza Perú, a las 19 horas
En Valparaíso, en Plaza Victoria, a las 19:30 horas.
En Illapel, a las 12 horas, en Avenida Ignacio Silva.
En la Plaza de Armas, en Curicó, a las 19 horas.
En San Fernando, a las 19:30 horas, en Manuel Rodríguez con Bernardo O’Higgins.
En el extranjero, en Puel Mapu (Mendoza, Argentina) el punto de encuentro fue en Garimaldi con San Martín, a las 11 horas.
Y más apoyo internacional en Estocolmo, Suecia, en calle Sergelstorg “Platan”, a las 16 horas.
Y en Honduras, Tegucigalpa, en el Barrio Calpules, a las 14 horas.

Prensa Libre Pueblos Originarios

viernes, 9 de septiembre de 2011

Mauricio Waikilao y Luis Tralcal enfrentan juicio político en Temuco - Se realizaron absoluciones en juicios similares contra otros mapuche acusados también de incendios.

                                                                                                



Mauricio Waikilao y Luis Tralcal enfrentan juicio político en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal deTemuco. 
Se prevee que este juicio podrá extenderse al menos por un mes, debido a la cantidad de testigos protegidos para justificar sus denuncias contra los comuneros

Mauricio Waikilao                                     Luis Tralcal Quidel
Ambos son Presos Políticos del estado chileno, con más de 2 años en prisión preventiva y habiendo realizado una extensa huelga de hambre. Pese a no tener pruebas como para mantenerlos encarcelados tantos años, la fiscalía quiere probar que son culpables, y busca encarcelarlos por intereses económicos y politicos de este estado chileno, aplicando leyes anticonstitucionales como la Ley Antiterrorista, por ser luchadores sociales y por ser dirigentes mapuche en procesos de recuperación territorial desarrollados en la zona, reclamando sus derechos al Territorio. Con una justicia que se basa en Montajes, y difamaciones para mantener preso a todo aquel que reclame sus derechos.

Mauricio Waikilao, ha sido acusado por incendio de maquinarias, con cargos como incendio terrorista y “amenaza terrorista” contra Eduardo Luchsinger, dueño del fundo en donde fue asesinado Matías Catrileo - mientras participaba en una recuperación de tierra- por el carabineroWalter Ramírez (http://prensalibrepueblosoriginarios-mapuche.blogspot.com/2011/09/contra-carabinero-asesino-de-matias.html)
Luis Tralcal Quidel, fue absuelto de un cargo por incendio de maquinarias en Chol Chol el año 2010.
Esta absoluciones se repitieron en juicios similares contra otros mapuche acusados también de incendios, demostrando que por mas que la prensa del estado chileno se obstine, al defender sus intereses económicos, influenciando en los espectadores que los mapuche son culpables y los latifundistas expropiadores son las victimas, con una Justicia que se basa en montajes, aplicando leyes que violan los derechos usando testigos "protegidos", encubiertos y falsos. Esto sumado a una política de estado de represión, con carabineros asesinos.
La presión de Organismos Internacionales que hacen eco a los reclamos de los mapuche ante tantas violaciones a los Derechos Humanos. La falta de pruebas ante tales acusaciones como "terroristas", desde un estado chileno discriminador y asesino, donde los mismos gobernantes así lo asumen. Un estado chileno que se ha creído con el derecho de militarizar a las comunidades, entrando a ellas golpeando a mujeres, ancianxs y niñxs, y encarcelando a sus hijos.
Con la ayuda de toda la prensa internacional, mapuche y no mapuche, y toda la gente de buen corazón, que ha difundido estos atropellos a los derechos humanos; estos tribunales de "injusticia", no han podido sostener las acusaciones,  y se realizaron absoluciones en juicios similares contra otros mapuche acusados también de incendios
Por Prensa Libre Pueblos Originarios.

Abajo el detalle de las absoluciones: en 26 casos similares de periodismo sanador:
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a) Sentencias de la justicia militar: Los cuatro comuneros mapuche juzgados por intento de homicidio al fiscal Elgueta y otras imputaciones, quienes sin embargo fueron condenados en junio de 2011 por la justicia civil chilena a durísimas penas.

1.-Héctor Llaitul Carrillanca,
2.-Ramón Llanquileo Pilquiman,
3.-José Huenuche Reiman y
4.- Jonathan Huillical Méndez fueron absueltos por el juzgado Militar de Valdivia, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 25 de mayo, cuando los comuneros cumplían 71 días de huelga de hambre. Los delitos por los que se les absolvió son los mismos por los que fueron condenados en el juicio oral realizado en Cañete en febrero y marzo de 2011.


b) Sentencias de tribunales civiles
• Absueltos en el juicio oral por el tribunal de Cañete luego de pasar más de un año en prisión preventiva. Habían sido acusados de delitos de robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta


5.- Víctor Llanquileo Pilquimán Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, sector San Ramón, Tirúa. Detenido el 25 de noviembre de 2009 en su trabajo de soldador en Mejillones.
6.- Luis Menares Chamilao, Comunidad Nalcahue, de CholChol, menor de edad detenido el 11 de abril de 2009. Como tenía doble procesamiento (justicia civil y militar) fue absuelto por partida doble.
7.- Eduardo César Painemil Peña (18 años) comunidad Pascual Coña, sector Huentelolén, Cañete, detenido el 15 de agosto de 2009 (12 abril 2009), procesado por ley antiterrorista.
8.- Carlos Muñoz Huenuman, comunidad de Puerto Choque, Tirúa, se presentó voluntariamente en mayo de 2009. Procesado por ley antiterrorista.

9.- Juan Manuel Muñoz Huenuman, procesado por ley antiterrorista.

10.- Segundo Ñeguei Ñeguei, detenido el 11 de abril de 2009 Comunidad Benancio Ñeguei, Puerto Choque, Tirúa. Procesado por ley antiterrorista.

12.- Marco Mauricio Millanao Mariñán, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de octubre. Aun debe enfrentar juicio acusado de ataque a tres camiones y un bus en Bypass Temuco (29 de julio de 2009). procesado por ley antiterrorista.

15.- Juan Carlos Millanao Painemil, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de agosto de 2009, en Nueva Imperial.
16.- César Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009 comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. Procesado por ley antiterrorista.

17.- Juan Carlos Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. procesado por ley antiterrorista.

18.- Nolberto Fidel Parra Leiva, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. comunero del sector Puerto Choque (Tirúa) Pasó en prisión preventiva más de un año. procesado por ley antiterrorista.

19.- Leonel Carilao Liencura, presidente de la comunidad Venancio Ñehuey de la localidad de Puerto Choque, Tirúa, detenido en agosto de 2009 y formalizado por cargos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado contra el fiscal Elgueta y robo con intimidación. Procesado por ley antiterrorista.

20 .- Jorge Andrés Santi Leal, comunidad Pascual Coña, detenido el 15 de agosto y formalizado por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista de un camión grúa, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009. Estuvo más de medio año en prisión.
21.- Simón Eras Millas Paillan detenido el 17 de agosto de 2009, comunidad Pascual Coña. Procesado por Asociación ilícita terrorista y de incendio terrorista. Estuvo más de medio año en prisión.
Richard Ñehuei Pilquiman detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Beñancio Ñehuey, Puerto Choque no se presentó al juicio. Se suicidó. Procesado por ley antiterrorista. (hasta aquí absueltos en el juicio oral llevado a cabo en Cañete).


• Otras absoluciones en juicios orales
22.- José Pedro Millacheo Ñanco, recapturado el 21 de enero de 2010, werken de la Comunidad Newen Mapu de Chequenco (Ercilla), hijo del lonko de la comunidad Juan Ciriaco Millacheo, y miembro del Parlamento Autónomo de Malleco. Absuelto en julio de 2010 de la acusación de ataque incendiario a camión forestal (26 abril 2008, Pidima, Ercilla).
23.- Fernando Millacheo Marín, de la comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de junio de 2010. Absuelto de acusación de ataque incendiario a camión forestal. Pero aún espera juicio por otras acusaciones.
24.- Luis Tralcal Quidel de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko, fue absuelto en juicio oral realizado en Temuco en julio de 2010 de los cargos de incendio al fundo Las Praderas de Cholchol.
25.- Eduardo Osses Moreno, procesado por supuesta participación en la quema de dos camiones, hecho ocurrido en septiembre del 2009 en la cercanía de la localidad de Pidima, en la carretera 5 sur. Fue absuelto por el Tribunal de Angol el 4 de noviembre, después de permanecer preso por un año y medio, procesado por ley antiterrorista.
• Menores absueltos
26.- Bania Edith Queipul Millanao (15 años), absuelta el 16 de junio de 2010 de la acusación de daños simples por participación en protesta de liceanos de Ercilla el 13 de agosto de 2009, por la muerte del comunero Mendoza Collio. El fiscal César Chibar pidió anular el juicio pero la absolución quedó a firme en agosto de 2010.

(Extractado del capítulo “Prisión política, despojo y criminalización de las comunidades y luchadores sociales mapuche” del Informe 2011 sobre Tortura -Editorial Quimantú- publicado en junio de este año por la Comisión Etica Contra la Tortura, Editorial Quimantú).

































jueves, 25 de agosto de 2011

ALERTA: Niñ@s mapuche se tomaron Municipio “Ya no queremos militarización en nuestras comunidades”


ALERTA PICHIKECHE!!!
sábado 20 de agosto 2011

Niños y niñas mapuche se tomaron Municipalidad en el sur de Chile:
"Ya No Queremos Militarización en Nuestras Comunidades"
por Comunicaciones ANIDE

Una treintena de jóvenes mapuche mantienen ocupación de la Municipalidad de Ercilla por casi 30 horas, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, exigiendo el fin de la militarización de sus comunidades y en apoyo a las movilizaciones estudiantiles en Chile demandando educación intercultural.
Cansados de las constantes persecuciones y violentos allanamientos de parte de la policía uniformada de Carabineros de Chile y sus Fuerzas Especiales, un grupo de jóvenes mapuche se tomaron cerca de las 2 y media de la tarde del viernes 19 de agosto las instalaciones de la alcaldía de su comuna para demandar el cese de la violencia y criminalización contra las legítimas reivindicaciones de derechos políticos y territoriales de las 18 comunidades de este pueblo originario que mantienen movilizaciones por sus demandas.

“Ya no queremos militarización en nuestras comunidades, ya no queremos allanamientos y los destrozos que van dejando Carabineros en nuestras casas”, señaló en conversación con Fundación Anide el vocero de la toma Camilo Catrillanca. “Todos los que estamos acá hemos sufrido violencia por parte de Carabineros, nosotros vivimos con allanamientos en nuestras comunidades” agregó el muchacho de sólo 16 años.

Tan sólo durante el último mes, cerca de una decena de niños, niñas y adolescentes mapuche han resultado heridos o han sido víctimas de la violencia policial durante allanamientos policiales.

Uno de las y los jóvenes que se encuentran dentro de la alcaldía, es L.A.M.H. que hace un par de semanas fue herido de bala por uno de los terratenientes dueño legal de un fundo que la comunidad de Temucuicui reivindica como territorio ancestral usurpado.

“Yo he sufrido en carne propia los allanamientos. Allá no hay diálogo. A mi me dispararon y para mi no hay ley, el particular tiene todas las leyes y uno no tiene nada, yo estoy ahora con mi pierna mal, me arde cuando camino porque todavía no está curada”, dijo a Fundación Anide el joven de 16 años, quien explicó sobre la toma que “no queremos el desalojo por la fuerza, nosotros queremos llegar a un diálogo”.

Los y las jóvenes mapuche movilizados, que tienen menos de 18 años, exigen que el Gobierno se pronuncie públicamente a través del Ministro del Interior sobre la militarización de la Araucanía y las fuerzas policiales abandonen sus comunidades, ya que sostienen nunca se ha escuchado a las y los niños, niñas y adolescentes mapuche.

“Eso es lo que queremos nosotros, que se escuche la voz de nosotros, porque sería súper bueno que bajara un ministro y que se contactara con nosotros y poder plantearle nuestros temas más claramente” dijo Camilo Catrillanca, que cursa segundo año de educación media (secundaria).

Desde el inicio de esta acción de protesta, ya han hablado con el alcalde y el gobernador de su provincia, “pero son personas que no van a dar una respuesta clara a nuestras peticiones, sino que ellos van a hacer consultas y esto va a ser un trámite, nosotros queremos hablar con personajes directos como un ministro” observó el dirigente.

Junto a esto, los y las estudiantes indican que este acto también es una muestra de solidaridad con las demandas de las movilizaciones nacionales por una educación de gratuita y de calidad, que contemple la interculturalidad en sus territorios.

“Nosotros igual queremos una mejor educación, una educación más digna, y tener nuestra educación, un liceo intercultural” explicó el vocero de la toma en Ercilla. Además, exigen que las becas para niños y niñas indígenas no sólo sean otorgadas a un hijo o hija por familia, sino a todos y todas, ya que muchas veces son familias con 3, 4 ó 5 hijos o hijas.

“Para los jóvenes mapuche que hoy día quieren seguir su lengua ancestral y queremos becas para todos los jóvenes mapuche, sin desigualdad”, complementó L.A.M.H, para ilustrar que no es justo que sólo uno tenga derecho a estudiar.

En contacto telefónico con Fundación Anide, el Werken de la Comunidad de Temucuicui, Mijael Carbone, sostuvo que las y los jóvenes son estudiantes de escuelas y liceos de la zona, y  pertenecen a las comunidades mapuche movilizadas por reivindicaciones territoriales, que apoyan su acción de protesta.

“Se esperaba venir una reacción de los jóvenes de diferentes puntos de las comunidades de la zona roja del conflicto, todos menores de edad, (…) se han tomado el Municipio de Ercilla por la militarización, por la agresividad que está ejerciendo Carabineros hoy día en las comunidades”, relató el vocero de Temucuicui.

Los y las jóvenes mapuche advierten que esta ocupación pacífica y reivindicativa tiene carácter de indefinida, mientras no se responda a sus demandas, y que no tienen temor de ser desalojados ni a posibles represalias.

“Queremos que sepan que nosotros nos estamos levantando, que ya no tenemos temor a la policía, ni nada, pero tampoco queremos provocar ni queremos provocación de parte de la policía, sino que queremos un diálogo”, enfatizó Camilo Catrillanca.

Luego de casi 30 horas de la toma del Municipio de Ercilla, el alcalde ha manifestado tanto a los jóvenes como a los medios de prensa chilenos que por el momento no tiene intenciones de autorizar un desalojo policial.

Mijael Carbone señaló que “el Ejecutivo, el Gobierno central no han hecho pronunciamiento de ningún tipo, vemos que el gobernador no tiene capacidad para resolver este tema y vemos como los muchachos van más allá de lo que el gobierno local puede ofrecerles”. (FIN/Pichikeche/2011)



Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos ANIDE
Teléfono: (056-2) 555 6370 Celular (056-2) 9-848 4658. Correo-e: comunicaciones@anide.cl

viernes, 22 de julio de 2011

Entrevista a Héctor Llaitul: "El conflicto Mapuche es político" // Video-Conversacion con el compañero Jose Huenchunao// P.P.M. 2011

22 de Julio de 2011
"El conflicto Mapuche es político"
Queremos reafirmar categóricamente que los mapuche no somos terroristas, somos luchadores de nuestro pueblo que no aplicamos violencia política desmedida. Nuestra lucha es solo defensiva y es una respuesta a la represión con básicos ejercicios de autodefensa” 
Hector LLaitul

Video: Entrevista a Héctor Llaitul, hermano Mapuche, líder de la Coordinadora Arauco Malleco
Entrevista que nuestro comunero Hector LLaitul, dio en forma exclusiva a Alejandro Guiller para el Programa Mano a mano en el canal 24 horas, desde la carcel de Angol. Versión extendida  
video en el siguiente enlace: http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=126388&tipo=74

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Video-Conversacion con el compañero Jose Huenchunao 
Preso Politico Mapuche -2011-

vimeo.com/24373992
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Desde Prensa Libre Pueblos Originarios Exigimos a Chile: 
Devolución de Tierras Ancestrales!!!
Libertad a todos los Presos Políticos!!! 
No a la militarización del territorio Mapuche. Basta de represión!!!
No a la "ley antiterrorista" contra el pueblo Mapuche!!!
Fin del doble procesamiento. No a los "testigos sin rostro!!!! Basta de Montajes... 


Montajes k son realizados por el aparato gubernamental chileno, con el propósito de poner tras las rejas a los líderes mapuche, para acallar sus voces, al reclamar por sus justos derechos.

Por los hermanos Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, presos políticos mapuche. Dirigentes mapuche que habían sido condenados a penas de entre 20 y 25 años de cárcel, que la Corte Suprema rebajó a entre ocho, y 14 años por un supuesto atentado a un fiscal que resulto ileso, en el 2008!!!

Cabe aclarar que los hechos por los que fueron juzgado los mapuche en el sur de Chile, surge a raíz del enfrentamiento con empresas depredadoras, agrícolas y forestales por la propiedad de tierras, que usurpan a lof mapuche, a las cuales les pertenece ancestralmente.


Nuestro especial agradecimiento, apoyo y solidaridad, a familiares de presos politicos mapuche, a los lideres de la CAM, verdaderos guerreros defensores de la Tierra, a la vocera Natividad Llanquileo por mantenernos informados de la causa mapuche, y a todo el pueblo Mapuche.


Es la misma lucha de todxs los k amamos la Vida



Tierra, Territorio y Libertad!!!



Maxo.Ari
Prensa Libre Pueblos Originarios

sábado, 11 de junio de 2011

MENORES MAPUCHE ACUSADOS DE TERRORISTAS POR EL ESTADO CHILENO!!!!


Julio de 2011
Aplicación de Ley Antiterrorista Contra Infancia Mapuche

Ante las preparatorias de juicio oral de cuatro jóvenes mapuche imputados por Ley Antiterrorista por delitos que habrían cometidos siendo personas menores de 18 años, dado que esta situación vulneraba gravemente los derechos de niñ@, en especial de la niñez mapuche, quienes han sido afectados en forma directa por la aplicación de esta Ley.

Efectuando una huelga de hambre de más de una treintena de comuneros mapuche, presos políticos mapuches, incluidos ente ellos, dos personas menores de 18 años imputados por esta ley que se encontraban privados de libertad.

Estos niños, ahora jóvenes mapuches están acusados por "supuestos" delitos terroristas  cuando tenían menos de 18 años, por lo tanto chile no garantiza los derechos del niñ@, ni un justo proceso judicial, ni a una legítima defensa, ya que las pruebas del estado chileno para acusarlos, son declaraciones de testigos protegidos, encubriendo de esta forma montajes hacia todo el pueblo mapuche.


LIBERTAD INCONDICIONAL PARA LOS MENORES
LUIS MARILEO Y PATRICIO QUEIPUL
CRISTIAN CAYUPAN Y JOSÉ ÑIRRIPIL


Maxo.Ari
Prensa Libre Pueblos Originarios


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SUSPENDIDO y POSTERGADO
PREPARACIÓN JUICIO ORAL!!!
Nuevamente suspendida la Audiencia de Preparación de Juicio Oral a Cristian Cayupan y José Ñirripil- 
Del 29 de Julio a las 12:30 en Lautaro 
Próxima fecha el 1 y 2 de Agosto 2011 en Lautaro.
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La preparación de Juicio oral en el caso de Luis Marileo Cariqueo  
programada para el 13 de Julio a las 9:00 Hrs. en Victoria
ver también en Infancia-Mapuche
Por una vida digna a la niñez mapuche,
que se respeten los derechos del niño! 
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LLAMADO A TODAS LAS ORGANIZACIONES MAPUCHE Y NO MAPUCHE, 
A LAS ONGS POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
A SOLIDARIZAR CON LOS JÒVENES EN LOS JUICIOS.
EXIGIR AL GOBIERNO CHILENO LA LIBERTAD INCONDICIONAL DE LOS MENORES!
EXIGIR UN FIN A LA LEY ANTITERRORISTA QUE SE LES APLICA EN LOS PROCESOS VULNERANDO LOS DERECHOS DEL NIÑO!!!
Luis Marileo, Cristian Cayupan, José Ñirripil, Patricio Queipul. 
Los cuatro menores mapuche acusados y procesados bajo la Ley Antiterrorista.

Audiencia para la Preparación de Juicio Oral a los jóvenes mapuches acusados de terroristas.
PREPARACIÓN JUICIO ORAL A LOS JÓVENES WEICHAFE! 
CRISTIAN CAYUPAN Y JOSÉ ÑIRRIPIL
de la Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco, Chureo, Lautaro 
LUIS MARILEO Y PATRICIO QUEIPUL
de la Comunidad Cacique José Guiñon 

LIBERTAD INCONDICIONAL PARA NUESTROS JÓVENES MAPUCHE! 
NO A LA LEY GENOCIDA DEL ESTADO CHILENO!

Los menores son procesados bajo la Ley Antiterrorista!!!
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Declaraciones del joven mapuche Luis Marileo - después de su detención por presunto abigeato y el allanamiento a su comunidad Cacique José Guiñon el Viernes 8 de Abril 2011
Carabineros lo detienen, acusándolo de robo de dos caballos, los cuales son secuestrados por carabineros
Luego de ser objeto de maltrato de parte de carabineros, tuvo k además soportar el robo de parte de agentes de carabineros k le sustrajeron ambos caballos.
Los caballos en disputa son de propiedad del joven Luis Marileo
Ademas le robaron el chip del celular
CUANTA IMPUNIDAD!!!!

Testimonio de Un niño Prisionero Político Mapuche, recluido hace siete meses en Carcel de Chol Chol. Hostigamiento, Racismo, allanamientos violentos de Carabineros en comunidades Mapuche, Montajes, Testigos sin rostro son la base de la represion sistematica con la que ha actuado el Estado Chileno, atormentando, privando de LIBERTAD y señalando a NIÑOs Mapuche Como TERRORISTAS y peligrosos para la sociedad ( NO SE LES HA PODIDO CULPAR DE LOS CARGOS K SE LES PRETENDE IMPUTAR)

BASTA DE REPRESIÓN EN LOF MAPUCHE!!!

BASTA DE TORTURAS AL PUEBLO MAPUCHE!!!

LIBERTAD!!! 
PARA LUIS MARILEO, CRISTIAN CAYUPAN, JOSÉ ÑIRRIPIL, PATRICIO QUEIPUL!!!
 Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE !!!




ABIGEATO: Es el delito consistente en el robo de animales de cría, o cuatrerismo
http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20090/HL20090.pdf




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Subido por  el 30 de enero de 2011
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Jueves 30 de junio de 2011 

Defensora llama a aplicar Convenio 169 de la OIT en causas mapuches
Claudio Leiva Cortés

Tratado internacional, ratificado por Chile en 2009, establece que sanciones penales contra indígenas deben tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Actualmente, hay 58 comuneros procesados o condenados, incluyendo algunos menores de edad.

Defensora llama a aplicar Convenio 169 de la OIT en causas mapuches
El Convenio 169 de la OIT, en uno de sus artículos, establece que las sanciones penales contra miembros de comunidades indígenas deberán tener en cuenta sus características, económicas, sociales y culturales. 
UPI

La Defensora Regional de la Araucanía, Bárbara Kast, llamó a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en las causas mapuches. Según cifras oficiales y de defensores de Derechos Humanos, en estos momentos hay 58 comuneros condenados o procesados, incluyendo algunos menores de edad.
Kast recordó que el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, en vigencia en Chile desde el 15 de septiembre de 2009, establece en su artículo 10 que cuando se impongan sanciones penales a miembros de dichos pueblos, se deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
Aún más, Kast pidió que se aplique este articulado incluso al momento en que los tribunales tengan que decretar prisiones preventivas, internaciones provisorias (en el caso de los adolescentes) y otras medidas cautelares que afecten a miembros de las comunidades mapuches.
“Para todos es sabido que las condiciones actuales de nuestras cárceles atentan contra la dignidad de las personas recluidas (…) En el caso de los indígenas y específicamente en el caso de los mapuches que pertenecen a una comunidad y que viven de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, la privación de libertad se constituye en un castigo aún más severo”, señaló la defensora.

NECESIDAD DE ALTERNATIVAS
Salvo las prolongadas huelgas de hambre de los comuneros recientemente condenados, en Chile no se han dado casos extremos como en Australia, donde los aborígenes encarcelados representan el 25% de los suicidios al interior de los penales. “Esto subraya la necesidad de que los jueces, tribunales y administradores nacionales se esfuercen por encontrar formas alternativas de sanción cuando se juzga a ofensores indígenas o tribales”, dijo.
“Actualmente en la Araucanía se tramitan una serie de procesos penales seguidos en contra de personas pertenecientes a la etnia mapuche. Muchas han permanecido extensos períodos privados de libertad y muchos de estos procesos han sido llevados bajo la Ley Antiterrorista”, indicó.
“Esta norma ha sido cuestionada por la amplitud de facultades otorgadas al fiscal, por las vulneraciones al debido proceso y por su utilización principalmente en contra de los mapuche. Los relatores especiales de Naciones Unidas para los pueblos indígenas han cuestionado el uso de esta norma en Chile contra los mapuches”, añadió la defensora.

EL CASO DE C.C.M.
Bárbara Kast recordó el caso del joven mapuche C.C.M., quien estuvo en internación provisoria durante casi un año. “Su caso fue particularmente grave, pues en él se reunieron dos calidades que lo hicieron especialmente vulnerable, ser adolescente y mapuche. Además, fue investigado bajo Ley Antiterrorista, que no puede ser aplicada a adolescentes, según la última modificación legal”, agregó Kast.
La defensora explicó que C.C.M. acostumbraba a efectuar rogativas al sol todas las mañanas, pero en la cárcel no lo pudo hacer más. Tampoco pudo asistir al nguillatún de su comunidad para rogar por la cosecha, al We tripantu o Año Nuevo Mapuche ni al eltún o funeral de su padre gravemente enfermo. Además, perdió los estudios.
“De acuerdo a normas internacionales que rigen respecto de los adolescentes y que Chile debe cumplir como estado, el joven C.C.M. nunca debió haber estado preso”, concluyó la Defensora Regional de la Araucanía.

Fuente: Nación.cl - Empresa Periodística La Nación S.A.




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COMUNICADOS PUBLICOS NIÑOS MAPUCHE PRESOS 
POLÍTICO


Desde la cárcel de Chol Chol, 28 de agosto 2010 
Mari mari pu peñi, pu lamgen, bueno yo soy Luis Marileo Cariqueo, soy de la Comunidad Cacique Jose Guiñon de la Comuna de Ercilla. 
A través de este escrito quiero dar a conocer mi situación, yo soy preso político mapuche, menor de edad, permanezco recluido en el centro penitenciario de Chol Chol, hace cinco meses, por orden del Tribunal de Victoria, se me acusa de Asociación Ilícita Terrorista. 
Bueno acá adentro ha sido muy duro para mi afrontar esta injusticia que esta sucediendo en 
contra de todo mi pueblo. Creo que se puede ver los grandes  montajes, mentiras y falsas acusaciones en contra nuestra, por medio de testigos sin rostro a quienes el Estado y el Sistema Judicial les paga grandes cantidades de dinero para que declaren mentiras contra nuestra, por eso a través de este escrito doy mi mas fuerte repudio al Gobierno Chileno que es el responsable  directo de que nuestro hermanos estén presos y algunos muertos, recordando especialmente al menor, igual que nosotros, él Peñi Alex Lemun, y también coincidentemente los jóvenes Catrileo, Collio y Cisterna. No contentos y tranquilos con estos asesinatos, ahora nos encarcelan a nosotros, los niños, como mis peñi, Cristian Cayupan (8 meses preso), Jose Ñirripil (2 meses preso) y él peñi Leonardo Quijon, quien después de 6 meses preso, fue absuelto por la justicia civil, siendo este veredicto anulado y en este caso, claramente se aplica  el doble procesamiento, juicio que se llevara a cabo en el mes de octubre. 
En este sentido denuncio la violación de nuestros derechos como niños y jóvenes por parte del Estado Chileno y del Sistema Judicial, quienes nos privan de nuestra libertad de estudiar, de estar con nuestra familias, quienes han sido víctimas por años  de hostigamientos por parte de este Estado, ya que han encarcelado a nuestros tíos, maltratado a nuestras madres, abuelas y hermanos chicos. 
Desde acá les envió todo mi apoyo a todos los peñi en huelga de hambre y en general a todos los Presos Políticos Mapuche y un saludo en especial a todos quienes apoyan nuestra causa. 
Desde la cárcel de Chol Chol…                       Luis Marileo 


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A mi pueblo Mapuche: 
Yo, José Antonio Ñirripil Pérez, menor recluido en  la cárcel de Chol-Chol, anuncio mi inicio de huelga de hambre en apoyo a mis hermanos Mapuche recluidos en distintas cárceles del país. 
Quienes han sido encarcelados injustamente debido a la discriminación y racismo de la que ha sido objeto mi pueblo. 
He sido formalizado, junto a mis compañeros Cristian Cayupan y Luis Marileo (menores de edad), bajo la Ley Antiterrorista, la cual deja ver que el racismo del Estado Chileno afecta no sólo a los mayores de edad, sino que a todos los que seamos Mapuche, incluyendo a niños y mujeres. 
Debido a las injusticias que vivimos diariamente, me sumo a la huelga de hambre en repudio a los atropellos que sufre mi pueblo en las comunidades. 
Quiero la desmilitarización de las comunidades, que no se aplique la Ley Antiterrorista en causas Mapuche, fin del maltrato  físico y psicológico a los niños Mapuche y la libertad a todos los Presos Políticos Mapuche. 
Bueno, estas son las principales peticiones que exijo  mediante mi huelga. 
Llamo a mi pueblo a apoyar las movilizaciones, a los hermanos, ya que lo que hoy me afecta a mí como Mapuche, algún día afectará a todos. 

Libertad a los Mapuche 
Marrichiwew 

José Ñirripil Pérez  Lof Muko. 
Menor Prisionero Político Mapuche 
CIP CRC CHOL-CHOL



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Testimonio del joven mapuche Leonardo Quijon P. año 2010, grave violación de los derechos 
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